El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no se encontrará este miércoles en el Congreso un ambiente cómodo ni favorable de la mayoría de los grupos, de la oposición y habituales aliados, a su determinación de continuar con las actuales herramientas jurídicas el combate contra el coronavirus y no prorrogar el actual estado de alarma más allá de su fecha tope, el próximo 9 de mayo. PP, Cs, Más País, Compromís y hasta EH Bildu plantearon este martes, como aviso, que el Gobierno central debería haber empezado ya hace tiempo a negociar con todos los grupos y las autonomías “un paraguas jurídico” alternativo y más completo a la legislación vigente para encarar esta etapa que se abre tras el 9-M.
- Cataluña considera “prematuro” plantear el fin del estado de alarma
Sin embargo, el presidente mantiene su intención de no prorrogar la alarma después de ese día y cree que hay instrumentos suficientes en manos de las autonomías y, sobre todo, a través de las decisiones en el Consejo Interterritorial de Salud, que se reúne cada semana, para tomar medidas ya sin el amparo de la alarma. “El Gobierno de España quiere que no haya más prorrogas, con esa intención trabajamos. Se ha intensificado el proceso de vacunación. Ya ha más de 11 millones de dosis administradas. En estos meses los tribunales han dicho que los acuerdos en el consejo interterritorial son de obligado cumplimiento. El marco va a ser ese, con el control de los tribunales. Tenemos suficientes herramientas para abordar la pandemia en este estadio. Estamos vacunando medio millón de personas al día”, aseguró Sánchez.
Sorprendió este martes escuchar en el Congreso quejas y exigencias similares de portavoces del PP y de EH Bildu sobre la situación que se plantea ante el fin del actual estado de alarma aprobado el pasado 25 de octubre y en vigor hasta este próximo 9 de mayo. Eso sí, la portavoz popular, Cuca Gamarra, aprovechó su exposición para acumular una batida de reproches y de duras acusaciones contra el presidente, Pedro Sánchez, y contra la “caótica” actuación del Ejecutivo en general sobre todo lo relacionado con la gestión de la pandemia mientras que los portavoces de las formaciones que suelen pactan con el Gobierno lo que le recriminaron fue sobre todo falta total de información sobre cuáles son sus planes a partir del 9 de mayo.
Cuca Gamarra, del PP, cuestionó que el presidente y el Gobierno central actúen en todo lo relativo a la pandemia “sin respeto al interés general” y con “intereses electorales y partidistas” que identificó con la disputa del 4 de mayo en Madrid. La dirigente del PP identificó a Pedro Sánchez como “candidato y jefe de la oposición” en Madrid y le recriminó que use la pandemia como arma electoral. El PP responsabiliza al jefe del Gobierno de haber sumido al país en un escenario de “caos, abismo e incertidumbre” y volvió a recuperar el llamado “plan b jurídico” que su partido anunció el pasado verano para atacar a la pandemia sin tener que recurrir al excepcional estado de alarma. Gamarra no quiso oficializar aún la posición de su partido contra una presunta prórroga al estado de alarma, pero sí apuntó de manera bastante clara que no lo respaldarían porque ven esa medida solo para momentos “excepcionales” y porque abogan ahora por “medidas más quirúrgicas”.
Posición del PP
El PP llevó su proposición no de ley con su plan b jurídico al estado de alarma al Congreso para su debate el pasado noviembre y ni siquiera esa idea fue tomada en consideración y recabó un rechazo casi total de toda la Cámara, incluido de Vox, que le dedicó las más ácidas descalificaciones. Gamarra recordó este martes de nuevo que aquello fue según su criterio “una oportunidad perdida” y defendió que ahora “no debería contemplarse otro escenario” que retomar aquella propuesta y ofreció “la mano tendida” de su partido al Ejecutivo si no encuentra buena acogida entre sus socios habituales a proceder ahora a reformar algunas de las leyes ordinarias en vigor.
Los populares proponían entonces y mantienen ahora que sería suficiente para no insistir en el estado de alarma con reformar dos viejas leyes orgánicas, la de Medidas Especiales en materia de Salud Pública y la que regula la jurisdicción contencioso-administrativa. Sostienen que con esos cambios las comunidades autónomas podría aislar —bajo control judicial— a poblaciones o a personas determinadas por razones sanitarias sin tener que estar en estado de alarma. Eso sí, el PP exige al presidente que además de acudir este miércoles al Congreso para hacer balance de la situación que también convoque cuanto antes una conferencia de presidentes autonómicos como se acordó en el debate de la prórroga del estado de alarma el pasado otoño.
Algunos partidos ya cuestionaron en noviembre, en aquel debate, que con esos cambios en las leyes ya vigentes fuese suficiente para limitar derechos tan fundamentales como la movilidad general de las personas y así lo volvieron a recordar este martes algunos portavoces, como el de Ciudadanos, Guillermo Díaz, que sin embargo sí respaldó que “sería bueno” disponer de un mejor marco normativo para funcionar a partir del 9-M.
Ciudadanos ya demandó ese plan b al comienzo de la pandemia, pero ahora no quiere precipitar un pronunciamiento sobre qué hará tras el 9-M si se plantea un debate sobre prorrogar el estado de alarma, algo que por ahora el Ejecutivo central rechaza. Díaz avanzó que su partido será “responsable” y apuntó así que estará con lo que determine el Gobierno porque entiende que es el que tendrá en ese momento más datos e información fidedigna para actuar. Pero desde Cs también lamentaron, como hicieron la mayoría de los partidos, la “falta de transparencia” y de información por parte del Ejecutivo sobre cuáles son sus planes de futuro después del 9-M sobre la pandemia.
La portavoz de EH Bildu, Mertxe Aizpurua, ha reclamado al presidente Sánchez por su parte un decreto con un plan jurídico alternativo a pactar con los grupos aliados habituales y con las autonomías que permita a cada territorio gestionar sus medidas sin que queden a la interpretación “de uno u otro juez” y así se lo hará saber en el debate de este miércoles en el Congreso. Aizpurua también habló de evitar así el “caos” actual y de que “el 9 de mayo no sea la ley de la selva y no sometamos a la gente a esta desprotección e inseguridad”. Una posición similar a la expresada por el portavoz de Compromís, Joan Baldoví, que también pidió más diálogo con las autonomías y una Conferencia de Presidentes para coordinar posiciones, evitar distintas respuestas de los tribunales y estudiar propuestas diferentes, como las que ya están avanzando algunos mandatarios autonómicos de todo signo político.
Otros partidos
Íñigo Errejón, portavoz de Más País, se mostró “atónito” ante la desconcertante situación actual y el debate abierto sobre cómo continuar la disputa contra la pandemia tras el 9-M y echó en falta también la aportación de alguna alternativa por parte del Gobierno central, que entiende que es la administración a la que le compete ponerla encima de la mesa. Errejón criticó que el Ejecutivo produzca “más titulares que realidades” y añadió que espera que el presidente Sánchez lleve este miércoles al Congreso “un paraguas alternativo” al vigente estado de alarma. En esa línea se posicionó el portavoz del PDeCAT, Ferrán Bel, que también apuntó que aguarda a que el jefe del Ejecutivo disponga este miércoles en el debate “una alternativa” y aclare cuál es su plan para el 10 de mayo.
Desde ERC se indicó que ese grupo está aún estudiando qué tipo de intervención tendrá su portavoz, Gabriel Rufián, en el debate de este miércoles pero ya se explicó también que esa formación entiende que existe en el marco jurídico actual suficiente margen para imponer restricciones sin tener que recurrir de nuevo a más estado de alarma. Es más que probable, sin embargo, que el portavoz del PNV, Aitor Esteban, se manifieste este miércoles en consonancia con la reclamación de un alargamiento del estado de alarma más allá del 9-M como ha requerido ya públicamente el lehendakari, Íñigo Urkullu.
El portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, rechazó como hizo su partido ya en octubre una eventual prórroga del estado de alarma porque defienden que con ese instrumento se trata a los ciudadanos como niños.
