Tras mas de 20 horas de audiencia, un juez ha decidido este martes procesar al exsenador PAN Jorge Lavalle por los delitos de lavado de dinero, asociación delictuosa y cohecho. Lavalle había sido señalado, junto a otro puñado de parlamentarios del partido conservador, por el exdirector de Pemex Emilio Lozoya de recibir sobornos millonarios a cambio de aprobar las reformas estructurales durante el mandato del expresidente del PRI Enrique Peña Nieto (2012-2018). Lavalle, que permanecía en prisión preventiva desde el jueves pasado tras ser acusado formalmente por la fiscalía, se convierte así en el único procesado de momento por la ramificación mexicana de la trama de corrupción de la constructora brasileña Odebrecht.
El juez de control Marco Antonio Fuerte Tapia ha dado por suficientemente acreditada la versión del antiguo zar del petróleo. Detenido en febrero de 2020 en una urbanización de lujo cerca de Málaga, el caso gravita de momento sobre la avalancha de acusaciones de uno de los hombres más poderosos y cercanos Peña Nieto, que desde su primera vista ante el juez se convirtió en una suerte de testigo protegido y no ha pisado un juzgado. Desde entonces, el caso apenas ha registrado avances, marcado por la opacidad y las filtraciones.
En la decisión del juez ha pesado también el testimonio de un técnico del Senado, Rafael Caraveo. Según su declaración, recogida el mes pasado en los medios, Caraveo fue la correa de transmisión de al menos 15 maletines con dinero para Lavalle: “Enseguida me mostró una maleta de tela color negro, tipo deportivo, de aproximadamente 50 centímetros de largo por 50 centímetros de ancho, misma que abrió y la cual no contenía expedientes, como me lo había hecho saber el señor Jorge Luis Lavalle, sino que en su interior había fajos de dinero... eran billetes de 500 pesos”.
La defensa de Lavalle lamenta que el juez solo haya considerado los testimonios de Lozoya y Caraveo. La baza de los abogados del exsenador eran las declaraciones exculpatorias de dos de los hombres más cercanos a Lozoya, quienes el exdirector de Pemex había acusado de ser los encargados de recibir y repartir el dinero de los sobornos. Se trata de Rodrigo Arteaga Santoyo y Francisco Olascoaga Rodríguez, secretario particular y jefe del Departamento Administrativo del director de Pemex, cuyos testimonios negando las acusaciones han sido parte de los casi 20 pruebas presentadas por la defensa. “El juez estimó que fueron obtenidos por la defensa y que no tienen el mismo valor que los obtenidos por la Fiscalía y será materia de los recursos que interpongamos”, apuntó al terminar la vista el abogado defensor José Zapata Altamirano.
Lentos avances en el ‘caso Lozoya’
Más de un año después de la detención de Lozoya, el caso Odebrecht en México, que ya ha provocado auténticos terremotos políticos en Perú, Ecuador, Brasil y en Colombia, avanza lentamente estrechando el cerco en torno a la Administración de Peña Nieto. Las investigaciones que afectan directamente Lozoya se han desarrollado hasta ahora con escasa transparencia, denunciadas por varias organizaciones, y en medio de las polémicas por los beneficios otorgados al político, con la sombre de la impunidad de fondo. El exdirectivo fue extraditado a México e ingresó alegando una anemia y problemas de esófago en una clínica privada, desde donde participó en la primera audiencia por videoconferencia donde se acogió el llamado principio de oportunidad, una figura que lo convertirá en una especie de testigo protegido.
A cambio de beneficios y de seguir el proceso en libertad, Lozoya declaró ante la Fiscalía que la trama de corrupción en la que supuestamente participó llegaba a lo más alto de la cúpula del Gobierno de Peña Nieto. Acusó al exmandatario y a uno de sus hombres más leales, su ministro de Hacienda, Luis Videgaray, quien supuestamente recibió y destinó unos 500 millones de dólares a la campaña electoral del PRI de 2012 y a la compra de votos de congresistas de la oposición para asegurar la aprobación de la polémica reforma energética, que abría el sector a las empresas privadas después de décadas de política nacionalista. También implicó en la trama a los expresidentes Felipe Calderón (2006-2012) y a Carlos Salinas de Gortari (1988-1994). La información pública del caso se ha ido administrando con cuentagotas, entre filtraciones y declaraciones veladas del fiscal general así como los intentos de capitalizar políticamente el caso por parte del presidente López Obrador.
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