El juicio a los dos mossos que acompañaban al expresidente catalán Carles Puigdemont cuando fue detenido en Alemania comenzará el próximo 24 de mayo en la Audiencia Nacional y se celebrará durante cuatro días consecutivos hasta el día 27 de mayo, según fuentes jurídicas. La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha informado este miércoles a través de una nota de prensa que solicitó la apertura de juicio oral y que pedirá una condena de tres años de prisión para cada uno de los dos agentes de los Mossos d’Esquadra que ayudaron a huir al expresidente de la Generalitat para evitar su detención después de reactivarse la euroorden contra él en marzo de 2018. El ministerio público acusa a los dos mossos de un delito de encubrimiento y, además de las penas de cárcel, reclama la inhabilitación de ambos para empleo o cargo público durante el tiempo de la condena.
La causa, por la que inicialmente estaban investigadas las cuatro personas que acompañaban a Puigdemont cuando fue detenido en Alemania, se archivó en octubre de 2018, aunque cuatro meses después se reabrió por un recurso de la Fiscalía. El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón propuso juzgar a los mossos en febrero de 2020 y acordó el archivo para el empresario Josep María Matamala y Lluís Alay, los otros dos acompañantes del expresidente catalán en aquel viaje.
El ministerio público considera que los agentes Carlos de Pedro López y Xavier Goicoechea ayudaron al expresidente catalán “conscientes de que era investigado en España por su participación en hechos constitutivos de delito de rebelión y otros”, y de que “el juez instructor español ―el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena― había dictado una orden europea de detención y entrega” para que fuera juzgado. “La intención de los acusados era ayudar a Carles Puigdemont a regresar a Bélgica y evitar su identificación en algún lugar donde pudieran ejecutar la orden europea de detención”.
Los hechos se remontan al 25 de marzo de 2018, cuando Puigdemont ―que llevaba cinco meses huido de España y residiendo en Bélgica tras la aplicación por parte del Gobierno central del artículo 155 en Cataluña― fue detenido en la localidad alemana de Jagel después de que el juez Llarena reactivase la euroorden contra él por un delito de rebelión en la causa del procés [la celebración de un referéndum ilegal en Cataluña y la declaración unilateral de independencia].
Según el escrito fiscal, los dos mossos habían aprovechado unos días libres de trabajo para ir a Waterloo (Bélgica). Estando allí, “una persona no identificada” les pidió que fueran a recoger al expresidente Puigdemont y lo trasladasen a Bruselas. “Los dos acusados salieron de Bruselas conduciendo el vehículo y llegaron a Estocolmo”, relata el ministerio público. En esa ciudad recogieron a Puigdemont e iniciaron el regreso. Los agentes de la policía alemana interceptaron el vehículo a las 11.17 de las 25 de marzo en un aparcamiento de la autopista BAB7 (en territorio alemán) que trascurre entre la frontera con Dinamarca y la ciudad de Hamburgo. En el vehículo viajaban Puigdemont, los dos acusados, Josep María Matamala Alsina y Josep Lluís Alay Rodríguez. Puigdemont fue detenido y los demás pudieron continuar el viaje después de haber sido identificados por los agentes. La orden de detención de Puigdemont se emitió cuando estaba en Helsinki (Finlandia), país al que se había desplazado el 22 de marzo procedente de Suiza.
Tras su detención en Alemania, Puigdemont ingresó en la cárcel alemana de Neumünster y compareció posteriormente ante el Tribunal Administrativo del Estado federado de Schleswig-Holstein, en el norte del país. El 6 de abril de 2018, el expresidente de la Generalitat salió en libertad tras abonar la Asamblea Nacional de Cataluña (ANC) la fianza de 75.000 euros fijada por el juez. En julio de 2018, voló a Bélgica, tras cuatro meses de estancia en Alemania, después de que el Tribunal Supremo decidiera, el 20 de julio, retirar las euroórdenes al decidir el tribunal de Schleswig-Holstein avalar la extradición del expresidente solo por malversación. Actualmente, continúa en Bélgica. El pasado mes de marzo, el juez Pablo Llarena planteó una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) acerca de la euroorden, para decidir si mantiene, retira o emite una nueva contra el expresidente de la Generalitat.
