El PP ha impuesto este viernes el rodillo de su mayoría absoluta para tumbar la propuesta lanzada por Más Madrid para celebrar un pleno dedicado única y exclusivamente a las residencias de mayores. La decisión, consecuente con el veto a una comisión de estudio sobre el mismo tema en la legislatura pasada, cuando los conservadores también rechazaron reactivar la investigación parlamentaria que se había abierto entre 2020 y 2021 por las muertes de ancianos en estas instituciones, muestra hasta que punto este tema se le atraganta al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Porque no hay polémica mayor alrededor de los años en el poder de la baronesa que la del fallecimiento de miles de residentes que no pudieron acceder a los hospitales por los protocolos de triaje desarrollados por la Administración.
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“No vamos a entrar en el juego de la izquierda, el revisionismo, plantear una sombra de dudas sobre las residencias, unos recursos que funcionan bien”, ha intentado justificar Carlos Díaz-Pache, el portavoz parlamentario del PP. “No vamos a ser partícipes de rescatar una vez más el dolor de la pandemia, para seguir extendiéndolo y que con ese dolor la izquierda madrileña intente hacer política”.
El veto al traslado de los ancianos a los hospitales fue más intenso entre el 9 de marzo y el 5 de abril de 2020 y especialmente significativo entre el 16 y el 29 de marzo. Conforme los hospitales liberaron camas, los geriatras dejaron de actuar de filtro y los residentes enfermos volvieron a ser admitidos, aunque esa situación varió de un hospital a otro. Según un análisis que publicó EL PAÍS, en toda la primera ola (de marzo a junio de 2020) murieron 11.389 mayores que vivían en residencias, de los cuales 8.338 (el 73%) no fueron trasladados a un hospital.
Esas cifras espeluznantes cobran un nuevo significado el lunes, cuando Carmen Miquel Acosta, especialista de Amnistía Internacional, interviene en la Asamblea y las convierte en consecuencias de decisiones políticas: los recortes previos a la pandemia que dejaron a la sanidad pública en los huesos y tiritando; los protocolos que decidieron las derivaciones; los geriatras, dice, que actuaron como “guardianes de puerta del hospital”.
Y dice: “Documentamos violaciones de derechos humanos [...] La supuesta medicalización de las residencias nunca sucedió, dejando a las personas mayores en una situación muy delicada, abandonadas a su suerte. En nuestra investigación también documentamos cuidados paliativos deficientes. También, un encierro de facto, la escasa información a familias, dificultades de comunicación, y muerte en soledad”.
Esas palabras resuenan como un trueno en la Asamblea, donde la oposición no está dispuesta a que las miles de muertes de los residentes caigan en el olvido. Menos aún cuando Díaz Ayuso ha entrado al trapo en estas dos semanas, y primero ha justificado no trasladar a los ancianos a los hospitales porque “no se salvaban en ningún sitio”; y luego se ha quejado de que “están a punto de acusarnos de genocidio”. Dos frases que demuestran que esta tampoco es una herida cerrada en el gobierno, que por ella supura constantemente, consciente como son Díaz Ayuso y sus asesores de que este es su flanco débil, el gran borrón de su gestión, la trágica mancha que no se quita y siempre le acompaña, por mucho que las circunstancias de aquellos días de 2020 fueran terribles, con los hospitales al borde del colapso, los sanitarios sin medios de protección, y las cifras de infectados multiplicándose cada minuto.
“No quieren que se hable en sede parlamentaria de un modelo con grietas que ponen en peligro la vida de personas mayores en la Comunidad de Madrid”, ha lamentado Manuela Bergerot, de Más Madrid. “Ya tumbaron con la ayuda de Vox la comisión de investigación, ocultan las actas y ahora bloquean este pleno”, ha recordado. “Se ponen del lado de la ocultación y la oscuridad, lo niegan por cuestiones ideológicas”, ha añadido. Y ha denunciado: “La señora Ayuso responde con chistes o frivolidades a lo que ocurrió, y el PP impide cualquier iniciativa para el debate o la investigación para protegerla como responsable política de lo que ocurrió”.
“Sería bueno una comisión de investigación, pero nos la han tumbado ya 40 veces”, ha coincidido el líder del PSOE, Juan Lobato, para justificar que su grupo haya registrado una comisión de estudio sobre las residencias.
Manos manchadas de sangre
Pero el de las residencias no es la única polémica de la jornada en la Asamblea. Primero, porque el PP convoca a una comparecencia al delegado del Gobierno, Fran Martín, para que explique el dispositivo policial que acompañó a las tractoradas de esta semana, y que los conservadores juzgan excesivamente duro.
Y segundo, porque hasta la junta de portavoces del Parlamento llegan los representantes de Más Madrid escandalizados porque una diputada del PP, Elisa Vigil, les describiera como “crimen organizado” en el pleno de la víspera, defendiendo luego la procedencia de la expresión con el argumento de que Carla Antonelli, diputada de este partido de izquierdas, acusó a los conservadores de tener “las manos manchadas de sangre” por reformar las leyes LGTBI de la región.
Bergerot se queja de “la parcialidad” del presidente de la Cámara, Enrique Ossorio, a la hora de ordenar los debates, a su juicio siempre a favor de su partido, el PP. El exvicepresidente regional, por su parte, advierte de que empezará a aplicar el reglamento con más dureza para intentar que los grupos mantengan el decoro, se escuchen, y no se interrumpan con insultos y expresiones inaceptables.
But it is not the first time that the spokespersons have faced this issue, nor have they been reprimanded for having so many fluent deputies.
And nothing has ever changed.
So what is foreseeable is that the Madrid Assembly will continue as it is: full of shouts, screams and out-of-tone expressions that extinguish any argument.
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