Las tensiones entre el Gobierno de Joe Biden y Texas por la crisis migratoria van en aumento. Las autoridades federales y locales continúan su disputa por la vigilancia de la frontera con México. El pulso entre ambos se ha agudizado recientemente, días después de que tres migrantes mexicanos —una joven madre y sus dos hijos, de ocho y diez años— murieran ahogados en el río Bravo mientras intentaban llegar a Estados Unidos. El estira y afloja entre las partes ha dejado claro que la pelea ha hecho aún más letal una de las rutas más peligrosas de la inmigración internacional.
El Gobierno de Biden pidió la noche del lunes al Supremo intervenir en el juicio que Washington mantiene contra Texas por la vigilancia de la frontera con México. En su petición, las autoridades federales explican que el pasado viernes 12 de enero, sobre las 21.00 (hora local), el Gobierno de México informó a la Patrulla Fronteriza que dos migrantes mexicanos estaban en problemas cerca de una rampa para lanchas del lado estadounidense del río. El hallazgo fue en Shelby Park, una zona del condado de Eagle Pass, que se ha convertido en el epicentro de una crisis migratoria que representa una amenaza para Biden en un año donde se juega la reelección.
En su comunicación, los funcionarios mexicanos informaron también de que tres personas se habían ahogado en esa misma zona una hora antes, aproximadamente a las 20.00. “Las personas mexicanas no ingresaron a Estados Unidos”, aseguró la Cancillería mexicana en un comunicado emitido el domingo. Las víctimas eran originarias del Estado de México y no fueron identificadas en ese momento. Los cuerpos fueron rescatados por el grupo Beta del Instituto Nacional de Migración y la Guardia Nacional.
Después de ser notificados por las autoridades mexicanas, agentes de la Patrulla Fronteriza, el cuerpo federal encargado de vigilar los 3.000 kilómetros de frontera con México, intentaron entrar a la zona de Shelby Park, custodiada desde el 11 de enero por policías estatales. “A través de una reja cerrada, uniformados de la Guardia Nacional de Texas se negaron a permitir la entrada del Supervisor de la Patrulla Fronteriza argumentando que se les había ordenado impedir el paso del grupo al parque”, señala el escrito dirigido al Supremo. El superior de los guardas apostados informó que las órdenes impedían el paso de los agentes federales incluso en “situaciones de emergencia”.
Aunque la Guardia Nacional de Texas envió a algunos agentes a investigar, los migrantes que estaban en peligro fueron rescatados por autoridades mexicanas a pesar de estar en el lado estadounidense. Estos fueron sacados del agua con hipotermia y devueltos a México junto a otras dos personas que intentaron cruzar a Estados Unidos la noche del viernes.
El incidente, de acuerdo al Gobierno federal, refleja “el firme esfuerzo” de Texas por controlar cuatro kilómetros de la frontera. “Es imposible decir qué podría haber sucedido si la Patrulla Fronteriza hubiera tenido el acceso que normalmente tiene al área, incluidos los vehículos que permiten monitorear la zona (...) por lo menos se podría haber auxiliado a la contraparte mexicana en la misión de rescate, pero Texas lo hizo imposible”, afirma el Departamento de Justicia.
La muerte de los tres migrantes ha provocado duras críticas al Gobierno del republicano Greg Abbott. “Esto es una tragedia y el Estado tiene una responsabilidad en ella”, aseguró el fin de semana el congresista demócrata Henry Cuéllar, uno de los latinos más destacados de la entidad. “Los republicanos han exitosamente deshumanizado a los inmigrantes para que no haya ninguna empatía en casos como este”, aseguró Verónica Escobar, otra representante demócrata de Texas en el Congreso.
La legisladora Escobar recordó que el gobernador Abbott afirmó a una conductora de radio conservadora que su Administración está haciendo todo lo posible por reforzar la vigilancia de la frontera. “Lo único que no estamos haciendo es disparar contra los migrantes porque el Gobierno de Biden nos acusaría de homicidio”, aseguró el mandatario el 11 de enero, un día antes de que se registrara el incidente en el río Bravo.
Washington ha pedido al Supremo dejar sin efecto una decisión del Quinto Circuito de Apelaciones Federal que prohíbe por el momento a la Patrulla Fronteriza destruir el alambre de púas instalado en la frontera por agentes de Texas. El fiscal general del Estado, Ken Paxton, ha explicado que el Tribunal de apelaciones ya está tratando el asunto de forma expedita y que esta es una maniobra de la Administración Biden para alterar el proceso de apelación.
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