The Limited Times

Now you can see non-English news...

El Gobierno colombiano le retira las condecoraciones al general que dirigió la retoma del Palacio de Justicia

2024-01-17T21:08:24.649Z

Highlights: El Gobierno colombiano le retira las condecoraciones al general Jesús Armando Arias Cabrales. Arias dirigió el operativo de la retoma del Palacio de Justicia, en noviembre of 1985. En 2011 un juez sentenció a Arias a 35 años de cárcel por la desaparición forzada de cinco personas. Su hija, Helena Urán Bidegain, quien tenía 10 a years al momento of su muerte, fue una de las tres personas que presentaron un derecho de petición.


Jesús Armando Arias Cabrales fue condenado por la desaparición forzada de cinco personas en los hechos ocurridos en noviembre de 1985


Atrás han quedado los días de gloria para Jesús Armando Arias Cabrales, quien como comandante de la Décima Tercera Brigada del Ejército de Colombia dirigió el operativo de la retoma del Palacio de Justicia, los días 6 y 7 de noviembre de 1985. La reacción militar a la toma de las instalaciones judiciales por parte de la guerrilla del M-19 fue interpretada inicialmente como una victoria castrense. Pero las cuatro medallas que le dieron a Arias Cabrales en los años siguientes se fueron destiñendo a medida que se conocían nuevos detalles: pruebas, testimonios y videos evidenciaban que algunas de las personas dadas por muertas habían salido con vida del Palacio y nunca aparecieron. Arias Cabrales dejó de ser considerado un héroe, y este miércoles el Gobierno de Gustavo Petro ordenó el retiro de sus condecoraciones.

Un decreto del Ministerio de Defensa establece que la decisión se debe a que el general en retiro fue condenado por delitos dolosos —cometidos con ánimo de causar daño―. En 2011 un juez sentenció a Arias a 35 años de cárcel por la desaparición forzada de cinco personas, decisión que luego fue ratificada por el Tribunal de Bogotá y por la Corte Suprema de Justicia. El documento establece que, debido a que el delito de desaparición forzada constituye una grave violación a los derechos humanos, implica “una clara obligación del Estado de adoptar, de forma inmediata, todas las medidas para garantizar a las víctimas los derechos a la verdad, la justicia y la reparación”.

En 2014, la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró al Estado colombiano responsable por la privación arbitraria de la libertad y las torturas cometidas en contra de cuatro personas, y por la desaparición forzada de otras 11, una de las cuales era el ex magistrado auxiliar del Consejo de Estado, Carlos Horacio Urán Rojas, quien también se comprobó que había sido ejecutado extrajudicialmente. Su hija, Helena Urán Bidegain, quien tenía 10 años al momento de su muerte, fue una de las tres personas —junto con los periodistas Diana López Zuleta, colaboradora de este medio, y Gonzalo Guillén—, que presentaron un derecho de petición, en enero de 2023, ante el ministro de Defensa, Iván Velásquez, para “retirarle de manera inmediata, oficial y pública la Medalla Servicios Distinguidos en Orden Público al general en retiro Jesús Armando Arias Cabrales, y todos los demás reconocimientos que haya recibido como militar después de la retoma Palacio de Justicia en 1985″.

“No es una venganza”, le aclara Urán a este diario luego de que se conociera el decreto. Para la autora del libro Mi vida y el Palacio, en el que cuenta cómo este episodio impactó su vida y la de su familia, esta es una “decisión histórica”, porque viene del Estado, “que antes siempre lo negó”. Es, más bien, “un asunto propio de una democracia, algo que debe seguir sucediendo en Colombia y en cualquier parte del mundo cuando la Fuerza Pública abusa de su poder o comete crímenes de guerra o de lesa humanidad, y es una medida claramente de no repetición y de democratización del país. Y solamente puedo pensar en mi papá y en todos aquellos que murieron por las acciones u órdenes de este señor”.

López, quien también promovió el retiro de medallas al exgobernador de la Guajira Kiko Gómez, responsable del asesinato de su padre en otras circunstancias, asegura que este tipo de decisiones son “medidas restaurativas”, pues era “una afrenta para las víctimas y para la institucionalidad misma que a Arias Cabrales se le hayan otorgado condecoraciones oficiales, incluso después de la toma del Palacio de Justicia. El retiro de las medallas, además, es un mensaje para todo el país: no se les puede otorgar reconocimientos a quienes han abusado de su poder y cometido crímenes bajo el abrigo de sus cargos oficiales”.

El decreto donde se le despoja de sus reconocimientos militares, sin embargo, fue firmado por el ministro de Justicia, Néstor Osuna, quien fue nombrado por el presidente Petro como ministro de Defensa ad hoc para resolver este derecho de petición en concreto, luego de que Velásquez se declara impedido por haber ejercido en el pasado como abogado de Helena Urán.

Última oportunidad ante la JEP

Justo hace un año, en enero de 2023, las víctimas de las desapariciones del Palacio de Justicia, que todavía buscan saber qué pasó en esas 48 horas, por qué nunca volvieron a ver a sus familiares si salieron con vida, y quién dio la orden, se encontraron frente a frente con Arias Cabrales, hoy de 87 años. Lo hicieron por petición del mismo excomandante, quien había solicitado acogerse a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el tribunal transicional nacido del acuerdo de paz entre el Gobierno y las FARC, que otorga condenas más favorables a cambio de hacer aportes a la verdad.

Las víctimas en la sala guardaban la esperanza de que se aclarara lo sucedido, pero durante los dos días de audiencias Arias no dijo nada distinto a lo ya conocido: repetía lo que habían dicho otros acusados o reiteraba viejas acusaciones. “No cuento con los elementos de juicio”, “no sabía”, “no sé”, “me enteré a posteriori”, fueron algunas de sus afirmaciones. Sostuvo que a pesar de haber comandado la operación, no tenía conocimiento directo porque fueron sus subordinados los que estuvieron en el Palacio. Finalmente, dijo que también se consideraba una víctima.

El 16 de marzo de 2023, al considerar que el general retirado no había hecho un aporte extraordinario a la verdad, la JEP decidió expulsarlo del mecanismo de justicia transicional. Arias perdió la libertad transitoria que había obtenido desde 2020 y las víctimas se quedaron sin conocer lo sucedido. Aseguran que entre los militares hay un “pacto de silencio”. Ahora le piden a la JEP que desclasifique y les permita acceder a los archivos de inteligencia, contrainteligencia y gastos reservados del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), que permanecen protegidos por esa jurisdicción, mientras que Helena Urán le hasolicitado al presidente Petro que le pida al Gobierno de Estados Unidos que libere los archivos clasificados sobre lo ocurrido el 6 y 7 de noviembre de 1985.

Suscríbase aquí a la newsletter de EL PAÍS sobre Colombia y aquí al canal en WhatsApp, y reciba todas las claves informativas de la actualidad del país.

Source: elparis

All news articles on 2024-01-17

Similar news:

Trends 24h

Latest

© Communities 2019 - Privacy

The information on this site is from external sources that are not under our control.
The inclusion of any links does not necessarily imply a recommendation or endorse the views expressed within them.