El Gobierno del PSOE negocia a varias bandas y por separado con Junts y ERC para incluir algún retoque técnico en las enmiendas parciales de la ley de amnistía que este jueves deben pasar el filtro y la votación en la ponencia específica para esa norma en el Congreso. La negociación sobre la bocina del Ejecutivo la comanda el ministro de Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, que este miércoles fijó una línea roja que parece intocable sobre los casos que deberían estar excluidos de esa medida de gracia: “Creemos que los delitos graves han de estar exceptuados de la amnistía, como ya lo están en la proposición de ley. Es un principio en el que estamos muy convencidos”. El PSOE sostiene, ante las presiones de Junts, el partido de Carles Puigdemont, que los delitos de terrorismo con sentencia firme deben quedar excluidos de amnistía, entre otras razones, porque como ha recordado ahora el nuevo informe de la letrada de la comisión de Justicia ese beneficio podría ser “contrario al derecho europeo”. Junts y ERC defienden lo opuesto.
Las negociaciones del Gobierno del PSOE con ERC y Junts para sacar adelante en la ponencia de la ley de amnistía un paquete de enmiendas parciales con retoques técnicos a la norma se van a extender hasta las 9.30 horas de este jueves, cuando comience la sesión en el Congreso de ese órgano reducido de la comisión de Justicia que el martes que viene dará el visto bueno final a todas las correcciones que hayan superado este primer filtro. El PSOE está en contacto permanente con los dos partidos independentistas catalanes para asumir alguna de sus enmiendas, pero no la nuclear y que ha provocado esta polémica final en la ley y en la que tanto Junts como ERC suprimían, en sus respectivos textos y por separado, eliminar de las exclusiones para la amnistía los delitos de terrorismo con sentencia firme.
El ministro Bolaños, que es el que capitanea la negociación por encima de su grupo en el Congreso, fijó este miércoles criterio sobre su disposición al diálogo hasta el final, pero también algunas líneas rojas que parecen infranqueables. Bolaños afirmó que las nueve enmiendas pactadas y registradas en conjunto por el PSOE, ERC, Sumar, EH Bildu y BNG “refuerzan una ley que ya de por si es sólida e impecable y absolutamente conforme con la Constitución”. Y ratificó que la excepción de esa medida de gracia para delitos de terrorismo con sentencia firme es una línea roja: “Nosotros creemos que los delitos graves han de estar exceptuados de la amnistía como ya lo están en la proposición de ley”. Distintas fuentes de la dirección del grupo socialista remacharon que esa posición es fija y no será negociable y que solo asumirán las enmiendas pactadas con sus socios, pero los contactos no se han acabado y podrían mantenerse incluso en la comisión de Justicia del martes que viene y hasta en el pleno definitivo, el 30 de enero.
La postura de Junts, sin embargo, también es firme. Fuentes de la cúpula de ese grupo en el Congreso justifican sus 12 enmiendas individuales en que buscan que la ley de amnistía “incluya todos los casos de persecución contra el independentismo sin excepciones” y “tenga efectos inmediatos en su aplicación”. También que sea más “amplia y garantista y que se base en el derecho europeo e internacional en materia de amnistías”.
Esa alusión de Junts al derecho europeo choca de plano con el recordatorio que ha expresado justo ahora en un informe precisamente la letrada de la comisión de Justicia del Congreso, Piedad García Escudero, que sobre esa exclusión del terrorismo concluye que podría ser “contraria” a la Directiva de la Unión Europea en los ámbitos financiero y de terrorismo, asumida por España en febrero de 2019.
La consejera de la Presidencia de la Generalitat, Laura Vilagrà, de ERC, también concedió que mantenían viva la negociación, incluso sobre ese punto en disputa: “Sabemos que las mayorías son complicadas en el Congreso, pero en estos momentos se está trabajando para tenerlas y que estas enmiendas se aprueben”. La consejera republicana explicó que veía las conversaciones “en la buena línea” y apostó porque al final “todos los casos que afectan al independentismo estarán dentro”, en referencia a la inclusión de las causas abiertas sobre el Tsunami Democràtic o los CDR, en los que hay acusaciones de terrorismo.
En Junts también insistieron en que siguen trabajando en esa vía parlamentaria, que el Gobierno ve por ahora cerrada, y reiteraron: “Junts siempre ha defendido que la amnistía incluya a todos los perseguidos (Tsunami, Operación Judas…) y también a quienes están en la Audiencia Nacional. Tratar al independentismo catalán como terrorismo es una aberración jurídica y una politización de la justicia”.
La actitud cada vez más imprevisible de Junts mantiene en alerta al Gobierno y sus partidos, PSOE y Sumar, que en las últimas horas no podían asegurar el sentido de las primeras y apretadas votaciones previstas para la ponencia de este jueves de ese partido. PSOE y Sumar disponen de 15 votos seguros frente a los 17 fijos en contra del PP y Vox. El Ejecutivo necesita 18 apoyos para que prosperen sus enmiendas y depende para llegar a esa cota del voto aún no cerrado de Podemos (un representante), ERC (uno), Junts (uno), EH Bildu (uno) o el PNV (uno). Si Junts optase por votar con PP y Vox contra las enmiendas para favorecer la amnistía a los dirigentes del proceso independentista, algo que no tendría mucho sentido pero que en el panorama político actual no se descarta, esas rectificaciones decaerían y la norma se quedaría como la registró el PSOE en solitario en noviembre pasado.
Suscríbete para seguir leyendo
Lee sin límites
Seguir leyendo
Ya soy suscriptor
_