La ira de los manifestantes pone a prueba la resistencia de la nueva presidenta de Perú

Manifestantes bloquean las calles aledañas al aeropuerto Alfredo Rodríguez Ballón, durante una protesta en la ciudad de Arequipa (Perú), este lunes.José Sotomayor (EFE)

La ira de los manifestantes que han tomado las calles de Perú ponen a prueba estos días la resistencia de la presidenta, Dina Boluarte. La muchedumbre ha cortado carreteras, dos aeropuertos y se enfrenta a las autoridades en distintos puntos del país. Sin embargo, la sucesora de Pedro Castillo, el mandatario encarcelado y acusado de rebelión por fomentar la semana pasada un autogolpe de Estado, se propone seguir en el cargo casi año y medio más antes de convocar unas elecciones. Los tiempos le parecen excesivos a sus críticos, que exigen que llame a las urnas de inmediato para elegir un nuevo Congreso y una Presidencia que trate de sacar a la nación de la profunda crisis institucional en la que está inmersa.

Las protestas crecen por todo Perú. Algunos comercios del centro de Lima han cerrado por temor a saqueos. El sur se ha declarado en rebeldía y ha anunciado que no reconoce a Boluarte como líder de la nación. El bloqueo de las carreteras del corredor minero afecta a la empresa china MMG, que transporta cobre hacia los puertos de la costa para distribuirlos al resto del mundo. Las instalaciones de una de las principales compañías lácteas ha sido tomada a la fuerza. El caos se ha apoderado de buena parte del país.

En un comunicado, la portavoz para la oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Marta Hurtado, llamó a respetar, proteger y garantizar los derechos humanos y pidió a las autoridades que inicien “investigaciones imparciales, transparentes y efectivas” para que los responsables de los dos muertos rindan cuentas. Además, remarcó la importancia de escuchar las preocupaciones y quejas de la población para abordar la situación actual. En total, son cuatro las personas muertas durante las protestas.

La presidente ha tratado de contener la furia de los manifestantes presentando medidas concretas. La madrugada del lunes, cuando medio país dormía, anunció una propuesta de elecciones para abril de 2024. Su idea, en un principio, era mantenerse hasta 2026, cuando expiraba el mandato de Castillo, y para ello nombró a ministros de su confianza con la intención de agotar la legislatura. El anuncio no devolvió a la gente a sus casas. Es más, las protestas aumentaron. Poner fecha probable a las elecciones tampoco ha calmado a los ánimos. Una parte importante del país quiere elecciones de manera inmediata.

Boluarte también decretó el estado de emergencia en el sur, donde más resistencia encuentra el nuevo ejecutivo. Fredy Llaique, vicepresidente del Comité de Defensa de Espinar (Cusco), una provincia afectada por la contaminación de empresas mineras, ha dicho: “Desconocemos a la señora Dina Boluarte como presidenta, ya que esta fue elegida por un Congreso corrupto y disuelto”. La emergencia supone que los militares asistan a la policía para tratar de controlar el orden público y quedan suspendidas la libertad de tránsito, de reunión y la inviolabilidad del domicilio.

Castillo pasó 18 meses al frente del Gobierno atormentado por el Congreso. La vida política peruana se resume en un pulso continuo entre el presidente y la cámara, que puede formar mayorías que lo destituyan sin un motivo concreto. Los congresistas pueden aplicar un mecanismo reservado a mandatarios con problemas mentales que aparece en la Constitución. Castillo era un hombre humilde que llegó a ser presidente casi por accidente. Nunca llegó a tener control real de su ejecutivo. Vivía en la improvisación y el descontrol. Achacaba todos sus males al Congreso, al que acusaba de no dejar gobernarle por racismo y clasismo. El presidente enarbolaba ese discurso en sus viajes por las regiones donde más le votaron y allí el mensaje ha calado.

Las organizaciones indígenas de la Amazonía se han unido a las manifestaciones. “No queremos que regrese la misma clase política corrupta y discriminatoria. Y hay que cerrar el Congreso por obstruccionista y racista, representa una amenaza a los pueblos indígenas”, dijo un portavoz. Desde la periferia se tiene la sensación de que en Lima, la capital, hay una élite blanca que ha gobernado el país durante 200 años y se aferra como puede a sus privilegios. De acuerdo a esa forma de ver las cosas, Castillo ha sido víctima de un sistema creado para rechazar a gente como él.

Hay algo de verdad en eso, pero Castillo también hizo todo lo que pudo para mostrar su incompetencia. Tuvo decenas de ministros, asesores, colabores, que se fueron tras comprobar lo caótico que era su Gobierno. En año y medio no logró dar ni un solo paso para implementar la agenda de cambio con la que llegó al poder. Es más, acabó rodeado de políticos de dudoso prestigio y consejeros conspiranoicos y ultraderechistas. Vivía atormentado por una posible destitución que el Congreso tramó en dos ocasiones. A la tercera, consiguió su propósito, contando, eso sí, con la inestimable ayuda de Castillo, que en un giro insospechado trató de convertirse en un autócrata. Anunció la disolución del Congreso y el toque de queda en el país. Si se hubiera asomado por la ventana en ese momento no hubiera visto ni tanques ni escuadrones de policía. Nadie lo apoyaba, y en cuestión de horas fue detenido y enviado a prisión.

Desde allí, Castillo escribió este lunes una carta que su abogado difundió. “Les hablo en el trance más difícil de mi Gobierno: humillado, incomunicado, maltratado y secuestrado, pero, aun así, revestido de la confianza y la lucha de ustedes, de la majestad del pueblo soberano, pero además infundido por el espíritu glorioso de nuestros ancestros”, dice. “Les hablo para reiterar que soy incondicionalmente fiel al mandato popular y constitucional que ostento como presidente y no renunciaré ni abandonaré mis altas y sagradas funciones”, lo que da a entender que se considera todavía presidente legítimo de Perú.

En realidad ya no lo es. El Congreso pulsó el botón de la vacancia y Castillo pasó tristemente a la historia. La fiscalía le investiga a él y a su entorno más estrecho de asesores como posible organización criminal que quería ostentar el poder de forma autoritaria. El maestro rural arrastra otras cinco investigaciones por corrupción, de las que la fiscalía tiene indicios. Las protestas tienen que ver con su destitución, pero no son necesariamente un movimiento en su apoyo. Los manifestantes consideran que el país ha tocado fondo después de tener seis presidentes distintos en cuatro años. Boluarte es una más en ese bucle que no lleva a ninguna parte.

Ella quiere permanecer en el poder algo más de un año. La pregunta es para qué. La gente lo interpreta como la manera que tiene de atornillarse en la presidencia. La presidenta sostiene que en este tiempo quiere crear un gobierno de concertación que lleve a cargo una reforma política que cambie algunas reglas del juego para mejorar la gobernabilidad. Algo nada sencillo de ejecutar porque los que tienen que aprobar ese nuevo tablero son los mismos que se encuentran cómodos en esta situación. Perú se ha convertido en un ejemplo mundial de desorden.

Boluarte se juega su permanencia en la próxima semana. Las protestas han ido en aumento desde que llegó a la presidencia y nada ha logrado calmarlas. El clamor popular determinará su tiempo de permanencia en un sillón que parece maldito.

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